AMAZONAS BRASILEÑO...SE VENDE

Amazonas – Se vende




El Parlamento de Brasil aprobó una ley que no sólo privatiza gran parte de la selva amazónica (una superficie del tamaño de Francia) sino que además legitima la apropiación ilegal de las tierras. En los suelos que hasta ahora permanecían vírgenes se podrá criar ganado y sembrar todo tipo de semillas. Las presiones de los terratenientes ganan espacio en el congreso brasileño forzando a legislar en contra de las leyes que protejen la biodiversidad. Ayer, mientras Lula da Silva recibía de manos de la UNESCO un premio por promover la paz debió sufrir la humillación de los activistas de Greenpeace que ocuparon el escenario pidiéndole que proteja el Amazonas.
Lula da Silva, humillado por un activista de Greenpeace que le exige que proteja la región amazónica - AP


La preservación de la biodiversidad no es sinónimo de retraso ni de derroche, por el contrario un Estado que protege el medio ambiente está invirtiendo en el futuro ecológico y económico de la comunidad. Para el modelo agro exportador brasileño, las leyes que protegen a la selva amazónica significan un obstáculo para la producción y exportación de alimentos.

Días atrás, el Parlamento de Brasil aprobó una ley que no sólo privatiza gran parte de la selva del Amazonas, sino que además legitima la apropiación ilegal de las tierras. Los senadores cercanos al agro fueron los que sancionaron la nueva legislación con la que se podrá criar ganado y sembrar todo tipo de semillas en suelos que hasta ahora permanecían vírgenes.

Casi 70 millones de hectáreas, una superficie similar al tamaño de Francia, son las que el Parlamento autorizó a ocupar, o mejor dicho a legalizar a los ocupantes, ya que la mayoría de estas tierras estaban siendo utilizadas de facto por productores que violaban las leyes forestales brasileñas.

El 25 % de la Amazonia brasileña ya se encuentra en manos privadas (ganaderos, terratenientes, latifundistas), mientras que el 28% está constituido por reservas forestales y poblaciones indígenas. Del 47 % restante el gobierno de Brasil estaría privatizando 67,4 millones de hectáreas, lo que significaría un peligro al cuidado del pulmón del mundo y a una de las mayores reservas de agua del planeta.

Mediante esta nueva ley, las propiedades legalizadas pueden ser vendidas en sólo tres años. Se calcula, además, que el valor de estas tierras ronda los 30 mil millones de dólares, pero no existe un precio para la cantidad de especies animales y vegetales que van a desaparecer, ni para paliar los efectos que los pesticidas producirán sobre el suelo y los ríos.

VETOS DE LULA
La ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, una histórica activista por la ecología, tuvo que renunciar a su cargo el año pasado por la política permisiva que llevaba el gobierno de Lula da Silva con respecto a los ocupantes de la Amazonia. Las presiones de los latifundistas, sumada la escasa predisposición del ejecutivo para combatir a los empresarios madereros y agro exportadores, impiden que desde Brasilia se proteja a esta región.

El presidente Lula vetó dos incisos de la nueva ley, pero sigue siendo insuficiente para el cuidado de la biodiversidad. Uno de ellos autorizaba la transferencia de tierras a personas que no habitan en la región y administran las tierras por medio de testaferros.

El segundo permitía adquirir la propiedad de los terrenos a empresas. Sin embargo, dentro de tres años, los actuales propietarios están autorizados a vender sus tierras. Algunos analistas sostienen que existe la posibilidad de que algunas empresas puedan adquirir parte de la Amazonia por medio de elusiones jurídicas o huecos legales no contemplados.

LAS CONSECUENCIAS
Tanto Greenpeace como WWF (World Wide Fund for Nature) pronostican que la Amazonia va a sufrir más sequías, durante este siglo, lo que va a provocar más incendios, por eso se debe controlar la deforestación, que ronda el 1 % de la superficie amazónica por año.

Otras voces opositoras denuncian que los terratenientes van a ir ganando más espacio a través del Congreso o mediante presiones económicas, lo que generaría la posibilidad de que se modifique el código forestal de Brasil, que impide que se utilice más del 20% de la selva con fines productivos.

El mes pasado en Perú una revuelta indígena hizo retroceder al Congreso y al gobierno de Alan García, que habían habilitado gran parte de la selva amazónica peruana para la extracción de petróleo por parte de empresas multinacionales. En Brasil, los movimientos sociales y ambientales no lograron vetar la ley, principalmente por el poder que poseen los sectores terratenientes.

Es lícito que los productores brasileños se desarrollen y aprovechen tierras para explotarlas económicamente, pero nunca deben avanzar sobre un patrimonio mundial que no le pertenece ni siquiera al Estado soberano de Brasil.

Entre los argumentos que esgrimió Lula para apoyar esta nueva ley se encuentra la contribución a la finalización de la violencia que hay en el país, ya que de hecho las tierras están ocupadas y ahora no va a haber necesidad de combatir a los que las estaban explotando ilegalmente.

Mediante este modelo, tanto económico como de pensamiento, los alimentos dejan de ser bienes que satisfagan principalmente las necesidades básicas de la humanidad para convertirse en commodities. De esta manera, la competencia por ganar mercados es tan voraz que puede llegar a producir la alteración de leyes básicas como las que protegen las selvas y las cuencas hidrográficas. Esta política convierte al medioambiente en una fuente de materias primas no renovables, que a mediano plazo va a alterar casi todas las actividades humanas, de las que no quedarán a salvo las económicas ni las agrícolas por el efecto del cambio climático.