Interior prohíbe a un grupo de jueces y fiscales visitar el CIE de Gran Canaria

El Gobierno canario denuncia que, por segundo año, el Ministerio les ha impedido entrar en el el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco

El Gobierno canario ha denunciado hoy que, por segundo año, el Ministerio de Interior ha prohibido a un colectivo de jueces y fiscales visitar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Gran Canaria, en una decisión que cree "incomprensible y desacertada".


En un comunicado, el consejero de Presidencia y Justicia de la comunidad autónoma, Francisco Hernández Spínola(PSOE), acusa a Interior de actuar "con una opacidad injustificada" en lo que concierne a los CIE, al "vetar la posibilidad de que los juristas expertos en la materia puedan palpar de primera mano la realidad de la emigración y ampliar su formación al respecto". Hernández Spínola se refiere a la visita al CIE de Barranco Seco que pretendían hacer los asistentes al Foro de Inmigración que, por segundo año, han organizado en Gran Canaria el Consejo de General del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias.
El consejero considera "una falta de respeto al Poder Judicial, al Ministerio Fiscal y al Gobierno de Canarias" que, como ya ocurrió en 2013, el Ministerio del Interior no haya autorizado esa visita a este centro de internamiento de inmigrantes irregulares. El responsable autonómico de Justicia subraya que los jueces y fiscales que participan en este foro sobre inmigración pretendían visitar Barranco Seco para "conocer de cerca" cómo son los CIE.


Hernández Spínola sostiene que, al denegar esta visita formativa, el Gobierno central incurre en "una falta de transparencia y una notable opacidad innecesaria y nada conveniente, más aún cuando a los que se impide acudir son aquellos que actúan como garantes de la legalidad y de los derechos fundamentales". El Gobierno de Canarias asegura que la notificación que ha recibido al respecto de la Secretaría de Estado de Seguridad carece de "motivación alguna", alega que la visita "no tiene amparo legal para su concesión" y alude a "supuestos informes que desaconsejan su autorización y cuyo contenido se oculta y se desconoce".




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En realidad la visita debería de ser a nivel popular. Pues el conocer de cerca la realidad cotidiana debe ser labor común.
La opacidad siempre está en quienes desde sus alturas ni ven ni quieren ver.

Yo no tengo acceso evidentemente a instituciones de este tipo, más en barrios marginales se hace lo que se puede, que siendo siempre poco, pues las necesidades son muchas, pero que valgan al menos para que a los Servicios Sociales dependientes de la Administración se les caiga la cara de vergüenza.