Más de 4.000 millones públicos para la educación en el machismo

Sobre la ilegalidad de las subvenciones a la educación católica por razones de discriminación de género












Una clase formada por niñas atiende las explicaciones de su profesora. EFE



UNO. Cabe describir la mayor institución machista de nuestro país como aquella que prohíbe a la mujer el acceso a los puestos de poder y de gobierno. Aquella que, además, en su relato y su doctrina sitúe a la mujer por debajo del hombre, y la retrate no solo como inferior sino como responsable directa, con su acción, de todo castigo y toda desgracia que pueda sufrir la especie humana. Y lo mantenga escrito. Aquella que, además, impida a la mujer desarrollar libremente su sexualidad y alabe la virginidad frente a cualquier desarrollo. Aquella que describa a la mujer como ser al servicio del hombre. O sea, la Iglesia católica.
DOS. Cabe suponer que dicha institución (como cualquier otra que promueva el machismo no solo abiertamente, sino de forma indisociable a su esencia) jamás recibirá un euro de dinero público. Y mucho menos se le permitirá, con dinero público, participar en el adoctrinamiento de menores.
Esto, en España, está además regulado por Ley. Más exactamente, en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
En su artículo 35, bajo el título Subvenciones públicas, declara: "Las Administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten en el ejercicio de sus competencias, determinarán los ámbitos en que, por razón de la existencia de una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las bases reguladoras de las correspondientes subvenciones puedan incluir la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes.".
En su artículo 23, bajo el título La educación para la igualdad de mujeres y hombres, se lee: “Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros”.
En su artículo 24, bajo el título Integración del principio de igualdad en la política de educación, se lee: “Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres”.
Este último artículo añade, además, que la Administración procederá a la “eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos”.
TRES. España destina, según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de las Comunidades Autónomas recabados por Europa Laica, 4.400 millones de euros públicos a colegios privados concertados de ideario católico. Son datos del curso 2014-15, en el que más de un millón y medio de escolares estudiaron en dichos centros. De los alrededor de 4.000 centros privados concertados que existen en España, los de ideología católica suponen el 65%, y aleccionan al 75% de los alumnos.

Obediencia al Vaticano

Preguntado al respecto, el magistrado Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, admite: “Está claro que hay una contradicción entre las normas que impiden subvencionar a organismos que favorezcan la desigualdad y las subvenciones a la Iglesia Católica”.






El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, en el Palacio de la Moncloa, en marzo de 2017.

Sin embargo, Bosch alude a los acuerdos de España con el Vaticano para explicar el panorama actual. “La Ley Orgánica 3/07 está vigente, pero también están vigentes los Acuerdos de España con la Santa Sede, que tienen el rango de acuerdos internacionales”, explica. “Y, además, han sido complementados por leyes orgánicas y ordinarias muy favorables a la Iglesia”. Y concluye: “Los Acuerdos con la Santa Sede son de dudosa constitucionalidad, pero no han llegado a plantearse esas cuestiones en el ámbito judicial. Si hubiera voluntad de romper estas contradicciones, se tendrían que revisar los Acuerdos con la Santa Sede, porque actualmente también tienen plena vigencia”.

"No es admisible"

El pasado mes de septiembre, el grupo parlamentario de Unidos Podemos registró en el Congreso de los diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a anular los acuerdos entre España y la Santa Sede firmados en 1979 para “acabar con los actuales privilegios de la Iglesia en todo el Estado”.
Fue Yolanda Díaz, portavoz de En Marea y diputada de IU, quien firmó dicha proposición. “Lo que tenemos claro es que el Estado incumple la legislación vigente al financiar centros concertados que discriminan a la mujer”, responde Díaz a preguntas de este periódico. “Nuestro sistema educativo tiene como principios fundacionales y como objetivos promover los valores democráticos e igualitarios.
Es evidente que la propia organización de la Iglesia católica es contraria a estos valores; a nuestro juicio no es admisible que la Iglesia reciba ayudas para centros que discriminan y mantienen referentes contrarios a los valores educativos básicos de nuestra sociedad: libertad, igualdad y democracia. Sería impensable e ilegal que una organización en España negase el acceso a su dirección a una mujer y sin embargo la Iglesia, que sí lo hace, recibe todo tipo de ayudas y subvenciones”. Y concluye: “Consideramos ilegales las citadas subvenciones públicas a la educación católica y, por lo tanto, deberían retirarse”.
De hecho, IU lo tiene hace mucho en su programa: “Para garantizar el derecho universal e igual a la Educación, el Sistema Educativo ha de ser laico (…). No se subvencionarán, en ningún caso, centros educativos con ideario propio, ya sea de carácter religioso o de otra naturaleza ideológica particular”. Más adelante se puede leer su apuesta por una “denuncia y anulación del Concordato de 1953 y de los Acuerdos concordatarios del Estado con la Santa Sede de 1976 y 1979, además de aquellos que se han firmado con otras confesiones religiosas”.







Un crucifijo en un aula. EFE

En cuanto a Podemos, Sofía Castañón, portavoz de la Comisión de Igualdad en el Congreso y vocal de la Subcomisión de Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, afirma: “No hay más que leer la propia ley y su articulado para constatar que la Iglesia católica la incumple, y en tanto no se corrija ese incumplimiento, de ninguna manera se podría justificar dicha subvención. Creo que es de pura lógica que se tengan que cumplir las leyes para recibir las ayudas de la Administración pública”. Dicho esto, añade una puntualización: “Veo fundamental diferenciar de esa Iglesia aquella a la que no le ponen mayúscula, pero sí compromiso y empeño: la de las personas que creen en la doctrina de Cristo, que desde organizaciones y desde su verdadero amor al prójimo, denuncian la situación de precariedad, pobreza y miseria del país de forma muy valiente, muy tenaz y muy valiosa”.

“Casi todos nos dan largas”

Antonio Movellán, presidente de Europa Laica, recuerda que “desde el 2013 el PSOE lo tiene en su programa [la revisión del Concordato], pero no lo propone en el Parlamento”.
Por su parte, Ciudadanos se declaraba un partido laico, pero en su ultimo congreso se ha transformado en partido “aconfesional”, y no dice nada sobre este asunto. En cuanto al resto, el propio Movellán asegura que “ERC y los diversos nacionalistas de izquierdas en el País Vasco o Galicia están claramente por la derogación” de los acuerdos con la Santa Sede.
En la actualidad, Europa Laica se encuentra impulsando una campaña “para derogar el Acuerdo de Educación, de manera que el Pacto educativo, que se está negociando en el Congreso, no tenga el lastre de este Acuerdo”. Sin embargo, afirma Movellán, “casi todos nos dan largas”.

“O se es madre, o se es p***”.

En su libro La violencia contra las mujeres. Prevención y Detección (Ed. Díaz de Santos, 2004), dirigido por las especialistas Consuelo Ruiz-Jarabo y Pilar Blanco, se hace hincapié en el papel que juega la doctrina católica en la construcción del machismo en nuestra sociedad, y en particular en la violencia contra las mujeres. Se puede leer lo siguiente:
En el Antiguo Testamento dios habla a la humanidad. A la mujer le dijo: “Multiplicaré los trabajos de tus preñeces. Parirás con dolor hijos y buscarás con ardor a tu marido, que te dominará” (Génesis, 3, 16). Por si no quedase claro, en las aclaraciones a pie de página se especifica: “La sentencia sobre la mujer responde a las penas que llevan consigo sus oficios de esposa y de madre”. En la tradición católica, aparece una nueva dicotomía con respecto a los arquetipos de mujer. O se es madre, o se es p***”. La madre es la mujer afectiva, idealizada, buena, asexuada, como María. La p*** es la mujer sexuada, que desea, seductora, real y mala, como Eva.

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