Gallardón y el PP tienen la solución para acabar con la corrupción en España: prohibir que se pueda informar de ella

La reforma de la ley permitirá que el juez ordene a la prensa cesar informaciones
Gallardón advierte de que la reforma de la ley actuará contra los “juicios paralelos”
En el borrador también se regula la captación y difusión de imágenes en la sala



El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, consideró ayer que
sería preocupante que la resolución adoptada por un juez o un jurado
popular pueda verse condicionada como consecuencia del prejuicio formado
en la opinión pública durante la instrucción sumarial o la celebración
del juicio. El ministro detalló que la comisión de expertos
independientes que ha elaborado una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
o Código Procesal Penal prevé dar al juez de garantías la facultad para
requerir a un medio de comunicación el cese de la publicación de
informaciones que comprometen gravemente el derecho a un proceso justo o
a los derechos fundamentales de los afectados.

En la inauguración del foro El papel de los medios durante los procesos penales,
organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Gallardón
dijo que “el periodista es un historiador de la realidad diaria cuya
primera preocupación es la verdad”, y resaltó que el ejercicio del
periodismo suscita en numerosas ocasiones un conflicto entre derechos
fundamentales.

Los “juicios paralelos” son uno de los “puntos neurálgicos” sobre los
que hay que adoptar una solución legislativa al conflicto entre el
derecho a la información y el derecho a la tutela judicial efectiva,
apuntó. Como ya ha señalado el ministro en otras ocasiones,
para evitar que se produzcan juicios mediáticos y lo que en el
Ministerio de Justicia denominan “fantasías especulativas”, la comisión
de expertos que ha elaborado la propuesta de reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal aboga por reducir los plazos del secreto del
sumario y evitar que algunos jueces lo prolonguen eternamente sin
justificación. Así, el tiempo máximo sería de tres meses, aunque en
situaciones excepcionales se podría extender a seis e incluso a 12 meses
si se trata de investigaciones relacionadas con organizaciones
criminales o grupos organizados.

En la entrevista realizada por EL PAÍS en abril, Gallardón insistía en lo mismo aunque se mostraba en contra de las sanciones: "Me
parece bien que el juez traslade al medio su inquietud de que esa
publicación pueda perturbar la tutela judicial efectiva de la persona
juzgada. Tengo dudas de que si el medio de comunicación insiste en
seguir publicando información pueda tener sanción. No soy partidario de
establecer consecuencias por esa vía".

Para Gallardón, los medios de comunicación y el sistema judicial se
superponen, se influyen y chocan cuando comprometen el derecho a la
presunción de inocencia, que es una condición para que haya un juicio
justo, o el derecho a la información, que es un derecho medular en una
sociedad avanzada como la española.

En el borrador también se regula la captación y difusión de imágenes
en la sala al inicio de una audiencia pública y en qué supuestos
prohibirla, para la protección del orden público, para la seguridad
nacional, para la vida privada de las partes, cuando intervienen menores
de edad o cuando es de interés para la justicia. Gallardón explicó
además que el borrador incluye “una medida transformadora”, que es la
limitación de la duración del secreto del sumario, para evitar que su
prolongación indefinida produzca un vacío informativo que sea ocupado
por la especulación.




FUENTE: http://politica.elpais.com